Escrito por: Jaime Inca Flores
Durante más de una década, Bolivia fue presentada como un ejemplo regional de estabilidad macroeconómica y crecimiento inclusivo. Bajo el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) (2006-2025), el país implementó un modelo económico basado en la nacionalización de los recursos naturales, una fuerte inversión pública y políticas redistributivas. Estos elementos, enmarcados en un contexto de bonanza internacional por los altos precios de las materias primas, permitieron intentar la reducción de la pobreza, contener la inflación y acumular significativas reservas internacionales.
Sin embargo, en los últimos cinco años, especialmente en el gobierno de Luis Arce (2020-2025), el modelo económico comenzó a mostrar signos de agotamiento. La caída de las reservas internacionales, el aumento del déficit fiscal, la escasez de divisas, el estancamiento productivo y una inflación en ascenso, son señales claras de un deterioro económico progresivo. Este artículo busca analizar las causas estructurales del actual declive, identificar los errores de gestión gubernamental y proponer estrategias orientadas hacia una salida sostenible de la crisis, aprendiendo de las limitaciones de un modelo excesivamente dependiente de los recursos naturales.
El periodo de auge económico: entre la bonanza y el asistencialismo
Entre 2006 y 2014, Bolivia vivió una etapa de crecimiento económico sostenido, con tasas promedio cercanas al 5% anual. Este fenómeno, denominado por algunos analistas como “milagro económico”, fue impulsado por dos factores fundamentales: la nacionalización de los hidrocarburos y el auge de los precios internacionales de materias primas como el gas, el petróleo y los minerales.
En realidad, la preparación de los contratos sobre la venta del gas a Brasil y Argentina, así como todo el potencial de relaciones con las empresas petroleras transnacionales, no fueron obra del MAS, sino de los gobiernos de desde Jaime Paz (1989-1993) y Sánchez de Lozada (1993-1997). El MAS aprovechó el hundimiento del sistema de partidos entre 2003 y 2005, nacionalizó los hidrocarburos, pero con una serie de concesiones como los “costos recuperables” que convencieron a las transnacionales, incluso a pesar de las tensiones políticas con la nacionalización. El MAS empezó a recibir los recursos del gas, los dilapidó de tal manera y no reinvirtió ni rediseñó la inversión extranjera directa, que incluso podría decirse, el “modelo económico milagroso” no es tal, sino simplemente una acción política populista que aprovechó la renta petrolera para agrandar el clientelismo y mover una máquina electoral constantemente, en función de reelecciones presidenciales indefinidas.
El excedente generado, permitió financiar algunos programas sociales emblemáticos (como el Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad), incrementar la inversión pública y aumentar los salarios mínimos. Esta estrategia promovió el consumo interno, aunque no erradicó la pobreza de manera significativa. La inversión privada fue relegada a un segundo plano, debilitando la capacidad productiva del país y sembrando las bases de una vulnerabilidad estructural.
La dependencia de los recursos naturales: una debilidad estructural
La economía boliviana ha estado históricamente anclada a la explotación de sus recursos naturales, desde la extracción de la plata en la época colonial, hasta el estaño y, más recientemente, el gas natural. Esta dependencia se traduce en una limitada diversificación productiva y en una alta exposición a los vaivenes del mercado internacional.
La falta de inversión en la exploración de nuevos yacimientos gasíferos, junto con el agotamiento de los campos existentes y el descenso de la demanda externa, provocó una drástica caída de los ingresos por exportación de hidrocarburos. Esta contracción no fue acompañada de una transición hacia otros sectores productivos, lo que agravó la vulnerabilidad fiscal y debilidad externa del Estado en el mercado mundial.
El agotamiento del modelo del MAS: señales del colapso
Una vez que terminó el súper ciclo de los commodities, el gobierno intentó mantener el ritmo de crecimiento mediante un gasto público elevado y una política fiscal expansiva. Sin embargo, la reducción de los ingresos –cuando bajaron los precios internacionales del petróleo y del gas–, empujó al Estado hacia el endeudamiento interno y externo, generando desequilibrios crecientes.
El déficit fiscal se volvió estructural, superando el 7% del PIB en varios años consecutivos. A su vez, las reservas internacionales netas (RIN) cayeron drásticamente: de más de 15.000 millones de dólares en 2014 a menos de 2.700 millones en 2025, según datos del Banco Central de Bolivia. Esta pérdida de colchón financiero ha limitado la capacidad de maniobra del Estado ante los choques externos de un mercado internacional altamente competitivo, frente al cual Bolivia no pudo hacer mucho.
La escasez de divisas y sus efectos sobre el aparato productivo
La insuficiencia de dólares en el mercado formal generó un mercado paralelo con cotizaciones superiores al tipo de cambio oficial. Esta situación ha encarecido las importaciones, afectando especialmente a los sectores que dependen de insumos importados como la industria manufacturera, la agricultura tecnificada y el comercio exterior.
Además, esta escasez alimentó la incertidumbre y la desconfianza en el sistema financiero, debilitando aún más el dinamismo económico. La falta de acceso fluido a las divisas, frena la inversión, eleva los costos de producción y acelera los procesos inflacionarios. El modelo económico colapsó y no puede responder a las exigencias de la economía hidrocarbúrifera, que requiere mayor inversión extranjera directa y una capacidad para negociar nuevos contratos y mercados en el ámbito internacional porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se convirtió en una empresa clientelar, poco profesional e incapaz de generar alternativas resilientes y audaces para continuar operando de manera competitiva.
Subsidios insostenibles y señales inflacionarias
El mantenimiento de subsidios a los hidrocarburos representa una carga fiscal significativa. Mientras el precio internacional de la gasolina y el diésel sube, el Estado continúa vendiendo estos combustibles a precios artificialmente bajos, lo que incentiva el contrabando y la especulación, además de distorsionar los precios en toda la economía.
En este contexto, la inflación comienza a mostrar señales preocupantes, erosionando el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los sectores más vulnerables. Aunque todavía no se haya alcanzado una hiperinflación como la vivida en los años 80 bajo la Unidad Democrática y Popular (UDP), el deterioro de los fundamentos fiscales y monetarios, pone al país en una situación de enorme riesgo.
¿Trampa keynesiana? El límite del gasto público sin sostenibilidad
Algunos economistas sostienen que Bolivia ha ingresado en una “trampa keynesiana”: un escenario donde el aumento continuo del gasto público deja de tener efecto multiplicador, especialmente cuando no está dirigido hacia los sectores productivos o innovadores. En lugar de estimular la economía, el gasto público improductivo y financiado con deuda, genera inflación, devaluación y pérdida de credibilidad.
La aplicación de políticas fiscales expansivas sin una visión de largo plazo, ha debilitado la estabilidad macroeconómica. El gasto debe ser eficiente y orientado a generar valor agregado, no solamente para sostener la demanda interna a través del consumo estatal.
Además, en 2025, el FMI emitió un contundente informe sobre estos desequilibrios, cuyo contenido, el gobierno de Luis Arce quiso retrasar para evitar su divulgación en un año de alta tensión política preelectoral. Según la consulta del artículo IV del FMI, concluida el 2 de mayo de 2025, se detectaron serios problemas como los siguientes:
- Desequilibrios macroeconómicos agudos: los déficits fiscal y externo son históricos, con un déficit fiscal que supera el 10 % del PIB y deuda pública cercana al 95 % del PIB.
- Reservas críticas: las reservas líquidas han sido “casi agotadas” durante más de un año, impidiendo cumplir exigencias externas. El FMI reporta una brecha del 80 % entre tipo de cambio oficial y paralelo.
- Desaceleración del crecimiento: el PIB nacional apenas crecerá con 1,1 % para 2025 y una inflación estimada que llega al 15 %, el nivel más alto en una década.
- Producción en declive: impactos estructurales provocados por la caída de la producción de gas, choques climáticos (fenómeno “El Niño”) y bloqueos viales severos, fruto de las presiones de Evo Morales para forzar su candidatura. Todo tiene un impacto económico que el gobierno de Luis Arce no supo enfrentar y dejó pasar los efectos políticos que se convirtieron en obstáculos económicos. El gobierno de Arce prioriza el cálculo electoral inmediato sobre la transparencia estadística y la responsabilidad institucional.
- Las recomendaciones urgentes giran en torno a una devaluación del boliviano para corregir de forma realista el tipo de cambio; eliminación de subsidios a combustibles; consolidación fiscal (racionalización del gasto e incremento de recaudación tributaria); fortalecimiento del marco monetario y financiero, incluyendo el reconocimiento de una total autonomía del Banco Central, junto con una supervisión bancaria eficiente.
El informe del FMI 2025 confirma que el declive económico de Bolivia no es coyuntural, sino estructural, debido a la fragilidad del modelo MAS: dependencia hidrocarburífera, decisiones macrofiscales desequilibradas y opacidad en la gestión. El aplazamiento estratégico de la publicación del informe del FMI, reveló las tensiones entre el cálculo electoral y la gobernanza económica ineficiente.
El futuro exige un giro trascendental: transparencia informativa, reformas pensadas a largo plazo y un cambio de paradigma económico. Si el país aspira a superar la crisis, debe reemplazar el asistencialismo extractivista, cambiándolo por un modelo de desarrollo diversificado, responsable y sostenible.
Hacia una agenda de reactivación y reforma estructural
En Bolivia, se hace fundamental salir de la crisis, lo cual demanda una reorientación profunda del modelo económico, sin dudar absolutamente. Algunas líneas estratégicas son las siguientes:
- Implementar una profunda reforma estatal, tanto institucional, como normativa, constitucional y estratégica, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la toma de decisiones gubernamental y la dirección eficaz de todo el aparato económico.
- Poseer una completa disciplina fiscal: reducción del gasto corriente improductivo y racionalización de los subsidios.
- Impulsar la diversificación productiva: estímulo a sectores como la agroindustria, la manufactura, el turismo y la economía digital.
- Fomentar una mayor atracción de la inversión privada: estabilidad jurídica y reformas regulatorias para fomentar la inversión nacional y extranjera.
- Asegurar una transición energética: mayor inversión en energías renovables y eficiencia energética para reducir la dependencia de los hidrocarburos.
- Aprobar una política cambiaria de inmediato: ajuste controlado del tipo de cambio para evitar distorsiones prolongadas.
Conclusiones
El actual declive económico de Bolivia es resultado de múltiples factores interrelacionados: la excesiva dependencia de los hidrocarburos, la falta de diversificación productiva, el uso ineficiente del gasto público y la postergación de reformas estructurales. El modelo del MAS, exitoso en su primera etapa, ha perdido vigencia y toda capacidad de respuesta ante nuevos desafíos.
La salida de esta encrucijada no es sencilla, pero es posible si se adoptan medidas responsables, con una visión de largo plazo. Bolivia debe pasar del asistencialismo extractivista hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, basado en el conocimiento, la productividad, el respeto al equilibrio macroeconómico, la erradicación de la corrupción, la eficiencia en la administración del Estado y el destierro de toda clase de clientelismo.
En el caso boliviano, el uso intensivo de políticas keynesianas —como el aumento del gasto público y la expansión de la demanda agregada— derivó en una trampa estructural: la inyección de recursos estatales no se tradujo en un crecimiento sostenible, ni tampoco en mejoras de productividad, sino en la consolidación de una burocracia sobredimensionada y clientelar.
El Estado asumió un rol central como empleador, financiando subsidios, bonos y obras de infraestructura con baja eficiencia. Esta expansión del gasto fue celebrada como una “redistribución progresiva”, pero, en realidad, generó una dependencia masiva del presupuesto público y un debilitamiento del aparato productivo nacional. El aumento de la demanda interna —sin una base industrial o exportadora sólida— terminó alimentando las importaciones y vaciando las reservas internacionales.
Lo más problemático de esta trampa es su vínculo con la calidad institucional. El modelo keynesiano exige un Estado competente, eficiente y técnico que canalice el gasto hacia los sectores estratégicos con retornos multiplicadores. Sin embargo, en Bolivia, el aparato estatal fue colonizado por operadores políticos sin capacidades técnicas, lo que convirtió el gasto expansivo en un mecanismo de reparto partidario, más que en una política de desarrollo. La inversión pública fue distorsionada por criterios electorales impulsados constantemente por Evo Morales y sus redes clientelares, mientras que las empresas estatales se volvieron centros de ineficiencia y corrupción. Así, el keynesianismo mal ejecutado no solo dejó de ser motor del crecimiento, sino que terminó atrapando al país en una espiral de gasto ineficiente, déficit fiscal y estancamiento productivo que debe, imprescindiblemente, ser modificado de manera radical.
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