Hoy por hoy, una profunda crisis estructural azota al conjunto de la sociedad boliviana, pero de manera especial, se trata de una terrible crisis de valores éticos, que aqueja, definitivamente, al conjunto de su clase política, independientemente de la ideología a la que representan.
Cuando pensamos en la democracia en Bolivia, lamentablemente surge un sentimiento donde el régimen político es inseparable de la corrupción y ésta, a su vez, es una expresión de la degradación moral a la que ha llegado la clase gobernante. En el análisis de la corrupción, la historia boliviana muestra que la denominada clase política, en reiteradas ocasiones ha tomado por asalto las instituciones públicas, con el único afán de buscar su beneficio personal o familiar. Muchos estudios y encuestas de opinión política, demuestran que la sociedad civil percibe a la mayor parte de los líderes políticos, como sujetos que buscan únicamente sus beneficios particulares, realizando negocios con bienes del Estado, en desmedro del pueblo.
Si bien es una verdad evidente que no existe ética en la práctica política, especialmente cuando se analiza el poder de turno, la legitimidad exige, tarde o temprano, que los líderes también reconozcan la necesidad de tener algunos principios éticos, sobre todo para convencerse de que todo tiene límites y no es posible que el único objetivo de la praxis política, sea permanecer en el poder a como dé lugar y la mayor cantidad de tiempo posible. La democracia puede ser entendida como un conjunto de normas procedimentales y éticas para “limitar el abuso de poder” y rendir cuentas ante la sociedad.
Hoy por hoy, una profunda crisis estructural azota al conjunto de la sociedad boliviana, pero de manera especial, se trata de una terrible crisis de valores éticos, que aqueja, definitivamente, al conjunto de su clase política, independientemente de la ideología a la que representan (izquierda o derecha). En el sistema político, la híper-corrupción institucional, (robo sistemático a las arcas del Estado), la politequería, la impunidad, el cinismo, la traición, la deslealtad y el transfuguismo, marcan profundamente la idiosincrasia del político boliviano.
El concepto y la práctica de la democracia se remontan hasta 500 años antes de Cristo. Los antiguos griegos utilizaban la palabra “politeia” para comprender la dimensión “ética”, tanto de la política, como de la democracia. Para el filósofo, escritor e historiador francés, Voltaire, las cualidades morales de cada individuo, son lo más importante de nuestra existencia como seres humanos. Además, la política junto con la ética, representarían dos formas complementarias de servicio a la sociedad, expresando un tipo de trabajo mediante mutuos compromisos. Quien se compromete con la política, se compromete con el servicio a los demás, quien trabaja para servir el bien común como resultado de la práctica política, actúa también ejerciendo una conducta ética.
En la realidad cotidiana de la política sin principios éticos, la decadencia de las instituciones públicas es una realidad muy lamentable. Por este motivo, la democracia puede, tranquilamente, devenir en algo espurio y convertirse en una verdadera farsa. Es condenable seguir pensando que, para tener éxito en la política, hay que ser un verdadero truhan que pisotea la ética. En los hechos, los políticos corruptos tienden a convertir el Estado en un pequeño reino feudal para alcanzar su propio beneficio, violando sistemáticamente la Constitución Política del Estado.
Esto empeora cuando se trata de destruir la independencia de poderes, pues la clase política que centraliza la dominación, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, busca la depredación de la cosa pública. En Bolivia, la decadencia de las instituciones democráticas es un hecho y esta situación comienza en el parlamento boliviano, donde los partidos políticos que se arrogan la representación del pueblo (más de 7 millones de electores) han deteriorado bastante el Estado de derecho hasta límites vergonzosos; es decir, los clanes políticos o ciertos circuitos de élites, por efecto de cierta “complicidad” tratan de favorecerse, primero ellos y, posteriormente, si pueden, a sus nexos familiares.
El historiador inglés y conocido estudioso de Bolivia, James Dunkerley, solía afirmar que “en Bolivia, la mejor industria es la política”, motivo por el cual, las clases políticas siempre tratan de fragmentar el Estado, transformándose en la punta de lanza de la destrucción moral del país, polarizándolo hasta los extremos y haciendo gala de un incontrolable apetito de poder, a costa de la marginación de las multitudes, la preservación de la pobreza y el control total del Poder Judicial.
Por otra parte, cuando se analiza el desarrollo histórico del Poder Legislativo, también encontramos una serie de denuncias, relacionadas con la extorsión, la concusión, el cohecho pasivo, pero, sobre todo, resaltan las conductas donde se busca obtener beneficios en razón del cargo. No fue algo asilado o nuevo, el hecho de conocer varios escándalos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde hubo acusaciones sobre supuestas extorsiones a menores de edad, a cambio de puestos de trabajo y favores sexuales.
Este retroceso en los valores éticos, también ha tocado a los principales líderes de las organizaciones indígenas que, en los últimos veinte años, cogobernaron con los partidos políticos tradicionales, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa (FNMCB-BS), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B). Casi todas estas organizaciones indígenas y campesinas también han sido denunciadas con graves actos de corrupción.
En los medios de comunicación, los líderes políticos y sindicales solo se ocupan de descalificar la conducta de sus adversarios. Todos se enfrascan en discusiones memorables donde se acusan mutuamente de corrupción, ineptitud, inmoralidad, irresponsabilidad, mentiras, cobardías, traiciones, odio, totalitarismo, terrorismo y ultraje de la patria. Los dirigentes subalternos o mandos medios, en general, son obsecuentes y defensores de sus caudillos, además de caracterizarse por ser aduladores y estar embebidos por el culto a la personalidad de los jefes de partido, juzgados como únicos e irreemplazables. Algo patético.
Lo cierto es que ahora, en plena crisis económica, es difícil ocultar el derroche de, probablemente, $US 96.000 millones de la renta petrolera. La pobreza sigue siendo galopante en el área rural y los ámbitos urbanos marginales, la desigualdad es detestable y la administración pública en Bolivia pasó a convertirse en un amplio campo de corrupción, porque sus estructuras están totalmente perforadas por grupos de poder con fácil acceso a miles de recursos, destacando solamente un conjunto de nexos con los jerarcas de los gobiernos de turno.
A lo largo de 200 años de vida independiente como país, los más doloroso es constatar la inexistencia de lazos entre la ética y la política; además, también es triste ver que nuestra historia se conecta con la construcción de una asombrosa diversidad de mecanismos que posibilitan la “impunidad”.
Es fundamental crear diferentes espacios de reflexión en la sociedad boliviana, con la finalidad de preservar nuestros valores comunes que hacen a una convivencia pacífica entre los ciudadanos, para lo cual es imprescindible “preservar la ética” en la política y la democracia, estimulando la naturalización de los valores morales, el respeto de la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia y la búsqueda implacable de la igualdad de derechos, así como del bienestar social de todos los ciudadanos, sobre todo de aquellos que son más débiles y más pobres, política y económicamente hablando. La política debe retornar a sus orígenes: servir a los demás para beneficiar a las mayorías democráticas.
